Regulación del juego online

Estos días, al calor de los recientes casos de corrupción relacionados con las apuestas, se reaviva la discusión sobre qué hacer con el juego online.
En nuestro país, el juego está regulado por el Estado y las Comunidades Autónomas, que conceden licencias a empresas y establecimientos para su explotación. En un principio estas leyes están destinadas a proteger a los usuarios y a establecer las condiciones bajo las cuales una empresa puede desplumar a sus clientes. Son leyes pensadas para evitar que alguien pueda abrir un casino con una ruleta trucada en el garaje de su casa, o que cualquiera se ponga a vender boletos de una lotería propia. Están hechas a medida de casinos, bingos, tragaperras y demás formas tradicionales de "gambling" y, como en otros muchos aspectos de nuestra sociedad, la expansión de Internet ha modificado sustancialmente las reglas del juego y ha dejado totalmente obsoletas estas regulaciones.
Los intentos de regulación se suceden por media Europa, con más o menos suerte y acierto, y aquí en España tenemos todas las papeletas para que sea el caos total. Cada Comunidad Autónoma, basándose en que tienen competencias para ello, intenta modificar su legislación para, con la excusa de proteger a los niños y ludópatas, tratar de trincar todo lo posible de esta nueva (para ellos) forma de "juegos de azar". Madrid fue la primera en sacar una ley, y ahora parece que hay una fuerte competencia para ver quién ocupa el resto de posiciones en el medallero.
Pero claro, hay un grave problema. Los legisladores parten de la premisa de que tienen el monopolio del juego en su territorio y por lo tanto, cualquier empresa que quiera actuar en el mismo, tiene que sacarse la correspondiente licencia y pagar sus impuestos. Sin embargo, las casas de apuestas online están domiciliadas fuera de este territorio y llegan a los hogares de todo el mundo a través de Internet, escapando de las regulaciones e impuestos a los que quieren someterlas los susodichos legisladores ¿Qué hacer? Se han barajado y empleado principalmente dos opciones.

• A. Tratar de impedir el acceso a los residentes a las páginas de las casas de apuestas que no están autorizadas para su territorio. Solución totalmente inviable en España, puesto que habría que ir comunidad por comunidad viendo que casas tienen licencia en cada una y capando el acceso a las que no lo tuviesen. Veríamos a la gente yendo a apostar al pueblo de al lado, que está en otra taifa...
• B. Tratar de bloquear los intercambios de dinero entre los usuarios y las casas. Solución ya empleada en USA y Holanda, con resultados dispares y litigios por resolver varios.

Muy complicado todo. Y con claros visos, además, de incurrir en varios delitos contra la intimidad y la libertad de las personas.
Yo creo que el problema está en querer aplicar modos de hacer las cosas muy antiguos a cosas muy modernas. En los tiempos de globalización que corren, pretender tener monopolios territoriales sobre actividades virtuales, es simplemente de bobos. El monopolio sobre los juegos de azar habrá sido útil para determinados juegos y épocas, pero hoy en día no puede mantenerse. Y no debe, porque es totalmente absurdo. Es como si nos prohibiesen comprarnos un Ipod, o una lavadora, en una tienda virtual inglesa porque no está domiciliada en nuestra comunidad, o en nuestra ciudad, o... O cómo si se nos prohibiese, cuando viajamos, ir a los casinos que están fuera de nuestro territorio. 
Cuando apostamos online, lo único que hacemos es jugar en una casa que está a miles de kilómetros, ahorrándonos el viaje. Me imagino que, antes de que existiese Internet, ya habría gente en España que por medio del teléfono apostase en casas inglesas. Pues ahora es igual, sólo que contamos con un medio, Internet, que facilita el contacto entre empresa y cliente.
Quizás haya que regular la publicidad y los locales de apuestas, dar más (o alguna) garantía a los clientes, tratar de impedir la fuga de capitales y cerebros,... Pero nada positivo se conseguirá mediante las prohibiciones y las medidas encaminadas a proteger absurdos monopolios. Mucho mejor sería, en los tiempos que corren, tratar de crear una legislación estatal que favorezca el establecimiento en nuestro suelo de las empresas de un sector en clara expansión mundial, como alternativa de riqueza y empleo al ya agotado y nefasto negocio inmobiliario.